La nueva legislación de la UE obligará a que los cargadores USB-C incluyan cables desmontables y etiquetas de potencia a partir de 2028

A medida que la tecnología va avanzando aparecen nuevos estándares en cuanto a cables y conectividad inalámbrica. Hemos visto así como hemos ido progresando hasta donde nos encontramos ahora. Ese USB 2.0 que hace años era lo más rápido que había ahora ha sido reemplazado por un USB4 que aún es de nicho y un mucho más común USB-C que está implementándose en cada vez más dispositivos. De hecho, en 2022 la Unión Europea avisó que el USB-C iba a ser obligatorio para móviles y tablets, algo que se puso en vigor en 2024. Ahora tenemos una nueva ley de la UE que obligará a que los cargadores y adaptadores incluyan cables desmontables USB-C.

En estos últimos años, la Unión Europea se ha vuelto mucho más seria respecto a las compañías y el trato a los consumidores. Se han puesto en vigor leyes como la DMA o la DSA para establecer los límites y cambios que tendrán que realizar las empresas. Aquí se enfocan en las grandes empresas y su dominio en el mercado a la vez que también se ofrecen más opciones a los consumidores y se exige la máxima transparencia para evitar confusiones y engaños.

Una nueva ley de la UE obligará a que los cargadores traigan cables desmontables USB-C a partir de 2028

Tras exigir USB-C para tablets y smartphones en 2024 y posteriormente anunciar que los portátiles tendrían que cumplir esta nombra a partir de 2026, toca ver la nueva legislación. Aquí estamos hablando de una ley que obligará a que los cargadores y adaptadores de corriente deban incluir cables desmontables USB-C. Esto implica que no se podrán vender cargadores que tengan integrado un cable USB-C y que no podamos quitar y reemplazar cuando nos plazca.

Esto se debe a que vender un cargador con el cable ya integrado de esa forma no asegura que rinda como promete el fabricante. Además, en caso de que no cargue tan rápido como queríamos no hay forma de cambiarlo por uno mejor. La nueva legislación de la UE quiere tratar este tema de dos formas:

• Asegurándose que los cables USB-C se puedan desmontar
• Obligar a los fabricantes a indicar la potencia nominal de los cargadores y los cables incluidos

Se exigirá indicar la potencia nominal y la ley se aplicará también a fuentes de alimentación externas de hasta 240W

La potencia nominal nos permitirá saber la cantidad de energía eléctrica que puede suministrar a un determinado positivo y se indica con voltaje y amperios. Por ejemplo, tenemos cargadores USB de 5V y 1A para dispositivos de bajo consumo, cargadores de carga rápida como los de 9V/2A (18W) y ahí vamos subiendo hasta los cargadores más rápidos actuales. Como imaginarás, a medida que van subiendo las prestaciones, es más probable que mientan sobre estas y de ahí que sea necesario confirmar que lo que compramos es lo que recibiremos, sobre todo si es algo barato y no nos fiamos que sea real.

También se exigirá que los cargadores que suministren más de 10W deben cumplir unos requisitos mínimos de eficiencia al 10% de su carga y habrá unos requisitos más exigentes de eficiencia media y en reposo. Además de todo esto, para evitar añadir demasiada complejidad probablemente se añadirán logotipos si los cargadores cumplen ciertos requisitos. Esta ley se aplicará no solo a los cargadores de smartphones, sino también a las fuentes de alimentación externas (EPS) de hasta 240W. Todo esto beneficiará a los consumidores, pues podrán cambiar los cables USB-C y evitarán ser estafados con productos que no cumplen sus especificaciones. La UE también espera que estas medidas consigan ahorrar 1.070 TWh al año para 2030 con una venta estimada de 400 millones de cargadores y fuentes.